El Dictamen aprobado por el Comité Europeo de las Regiones en su pleno del 15 de marzo, pide a los Estados miembros de la UE objetivos más ambiciosos que los establecidos en la actual propuesta de la Comisión Europea (CE) para la reducción del uso de fitosanitarios. Estos objetivos deben estar enfocados a ayudar a los agricultores a reducir el uso de plaguicidas y los riesgos asociados a través de la introducción de medidas específicas, financiadas mediante la política agrícola común de la UE, en sus planes estratégicos.

Los líderes locales y regionales quieren transmitir que el incumplimiento de los compromisos contraídos respecto de la adopción de la Estrategia «De la Granja a la Mesa» de la UE y la mejora de las normas para una producción alimentaria sostenible tendrá serias consecuencias para el medio ambiente y podría agravar los efectos económicos de la crisis climática y de precios de los alimentos. Es fundamental que los agricultores reciban más apoyo, por ejemplo, a través de un nuevo fondo nacional para la gestión de plagas, que podría financiarse con un impuesto sobre los plaguicidas basado en el riesgo, contribuciones de los minoristas o multas coercitivas.

Políticas a seguir sobre el «Uso sostenible de los plaguicidas»

En el Dictamen sobre el «Uso sostenible de los plaguicidas», el Comité Europeo de las Regiones enumera 20 puntos sobre las políticas que debería seguir la CE y quedan reflejados en las enmiendas que propone al texto del Reglamento del Usos Sostenible de los Fitosanitarios elaborado por la CE.

El papel del Comité Europeo de las Regiones

En estos puntos el Comité Europeo de las Regiones:

1. Apoya los objetivos vinculantes para reducir el uso de plaguicidas y los riesgos asociados a ellos, en consonancia con los objetivos de la Estrategia de la Granja a la Mesa;
2. Recuerda que pidió, en su Dictamen sobre la reforma de la PAC, la inclusión antes de 2027 en el reglamento de la PAC de objetivos europeos comunes, cuantificados, medibles y alcanzables en relación con los planes estratégicos nacionales, en el entendido de que el uso de los plaguicidas en los Estados miembros debe reducirse al menos un 30 % en comparación con 2017;
3. Opina que debe establecerse una distinción suficientemente clara entre la toxicidad de los plaguicidas y su cantidad, y que debe tenerse en cuenta la amplia gama de toxicidades diferentes, en la que, por ejemplo, se clasifican actualmente en el mismo grupo para el riesgo armonizado indicadores con la misma ponderación, de manera diferenciada según el nivel de toxicidad de los productos;
4. Pide que los Planes de Acción Nacionales (PAN) sean enviados a la Comisión Europea para que ésta, con el apoyo de un grupo de expertos independientes, integrado en particular por representantes de la sociedad civil, realice su control a posteriori, para garantizar la transparencia de los procedimientos;
5. Solicita a dicha autoridad que vuelva a examinar con mucha regularidad la eficacia de los plaguicidas autorizados y que revise las autorizaciones emitidas tan pronto como aparezca resistencia dentro de las poblaciones de organismos nocivos a los que se dirigen estos productos, a fin de evitar cualquier proliferación ineficaz y, por lo tanto, inútil del mismo;
6. Pide a la Unión Europea que financie proyectos de investigación sobre el efecto combinado de los plaguicidas en la salud humana y la diversidad biológica, que actualmente se desconoce;
7. Toma nota de que los esfuerzos de investigación públicos y privados en control biológico y manejo integrado de plagas han logrado avances significativos en los últimos diez años y ofrecen ahora alternativas para el 40% de los usos de plaguicidas sintéticos; espera que el programa de investigación de la Unión Europea siga aumentando su apoyo a estos programas para alcanzar, como mínimo, el objetivo de reducir a la mitad el uso de pesticidas para 2030;
8. Insta a la Unión Europea a que revise a fondo el enfoque basado en el indicador de riesgo armonizado para que la toxicidad de los pesticidas, en particular, se tenga en cuenta de manera resuelta, al igual que su cantidad; pide a la Unión Europea que valide ampliamente el efecto predictivo del indicador de riesgo armonizado, o cualquier otro instrumento que se adopte, y que garantice que la reducción del valor del riesgo calculado conduce realmente a una reducción del impacto adverso de los plaguicidas en el medio ambiente o salud humana;
9. Insta a la Unión Europea a que dé cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 1 de octubre de 2019 y financie la realización de estudios experimentales completos sobre la toxicidad a largo plazo de los plaguicidas en su formulación antes de permitir su puesta en el mercado europeo;
10. Recuerda que, en el contexto de la crisis actual, es necesario evitar que un proceso de adaptación demasiado rápido comprometa la seguridad alimentaria;
11. Destaca que la reducción del uso de plaguicidas y su toxicidad asociada hace que las explotaciones sean más resistentes a las crisis económicas, energéticas o medioambientales;
12. Señala además que, en el contexto de la crisis actual, la reducción de los estándares para la producción sostenible de alimentos no solo podría acarrear costes medioambientales, pero también acentúan la evolución errática de los precios;
13. Pide a los Estados miembros que refuercen las medidas de sus planes estratégicos nacionales para ayudar a los agricultores a aplicar menos plaguicidas y reducir los riesgos asociados a su uso;
14. Lamenta que los planes estratégicos nacionales validados por la Comisión Europea carezcan de ambición en lo que respecta a la reducción de las cantidades de plaguicidas y especialmente de los riesgos asociados a los mismos y, en consecuencia, que no alcancen los objetivos que se ha fijado la Unión Europea;
15. Pide a la Comisión que prohíba la importación de alimentos tratados con pesticidas prohibidos en Europa que pongan en peligro la salud de los ciudadanos o representen un peligro para el medio ambiente, con el objetivo de crear condiciones justas de competencia para los productores europeos;
16. En aras de la coherencia con el Reglamento 1107/2009, pide a la Comisión que prohíba la exportación a terceros países de plaguicidas prohibidos y/o sus sustancias activas;
17. Recuerda a las instituciones de la Unión Europea que, en el marco de la conferencia sobre el futuro de Europa, los ciudadanos les invitaron a tomar medidas decididas para promover y garantizar una agricultura más respetuosa con el medio ambiente y el clima;
18. Recuerda el papel desempeñado por las regiones europeas y las autoridades locales en la aplicación del Pacto Verde Europeo, en particular en lo que respecta a la aplicación y el seguimiento de la PAC;
19. Pide a las autoridades locales y regionales que informen a sus conciudadanos de los peligros asociados al uso de plaguicidas;
20. Pide que se prohíba la venta de los productos fitosanitarios químicos más peligrosos a usuarios no profesionales;